Cerca de su implementación, la Ley de generación distribuida permite a usuarios del sistema eléctrico interconectado autogenerarse con energías renovables e inyectar excedentes de generación a la red en todo el país. Pero falta definir cuáles serán los incentivos fiscales y financieros. En el sector se quejan por la tasa de interés a la que accede el país.
«Para poder hacer eso, hay que notificar a la autoridad de aplicación, pedir la autorización a la distribuidora o cooperativa según la zona, provincia o municipio de residencia y si se requiere financiamientos o incentivos, anotarse en un listado en el que la prioridad se fijará según el orden de inscripción», anticipa a 3Días el presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), Marcelo Álvarez.
En la reglamentación de la Ley, que se publicó el 2 de noviembre en el Boletín Oficial, se describe la creación del Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables (FODIS) como instrumento para incentivar la instalación de este tipo de equipamiento a través de préstamos, subsidios o bonificación de tasas de interés para créditos.
Luego del decreto reglamentario, el Gobierno nacional publicó antes de finalizar el año la resolución 314. «Se esperaban mayores especificaciones; define la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Energía, y la realización del Registro Nacional de Usuarios-Generadores de Energías Renovables (Renuger), pero no explica cómo se van a aplicar o en qué consistirán los incentivos fiscales y financieros», indica Álvarez.
De acuerdo con una fuente de la Secretaría de Energía, los incentivos estarán presentes tanto del lado de la oferta como de la demanda; es decir, a la industria nacional, tanto para pymes que se dediquen a proveer productos, equipos o a ofrecer servicios, sino también orientado a financiar a aquellos usuarios interesados en la autogeneración.
Asimismo, la Ley establece una exención de los impuestos de IVA y Ganancias para los usuarios generadores, residenciales o pymes pequeñas, solamente para cuando inyecten energía a la red. Como son tributos nacionales, los técnicos de la Secretaría pretenden que mediante una ley de adhesión las provincias eximan de Ingresos Brutos también en estos casos para complementar este mecanismo.
Por otra parte, como esquema de incentivo a la demanda está previsto el uso de certificados de crédito fiscal orientado para el sector productivo y pymes, para descontar algunas de las obligaciones que tengan estos contribuyentes de cualquier tributo nacional. Para esto quedó definido un cupo fiscal en la Ley de Presupuesto que ya está aprobada para este año.
«Se trabaja para cerrar los acuerdos y ver qué posibilidades de crédito hay en el mercado. No sabemos qué tasa vamos a tener, lo vamos a definir en los próximos meses. Tenemos asignados 500 millones de pesos para el FODIS para apalancar financiamientos, más 300 millones de pesos de cupo fiscal para los créditos fiscales», afirman a 3Días desde el área de Renovables de la Secretaría de Energía, un sector que por el momento no tuvo cambios luego del reemplazo de Javier Iguacel por Gustavo Lopetegui al frente de la cartera.
Para el subsecretario de Energías Renovables, Sebastián Kind, estos avances que harán aplicable la Ley de generación distribuida son un «hito en la historia del sector energético en la Argentina».»El financiamiento que promoverá el Gobierno servirá para ayudar a que los usuarios, que hoy ven imposible esa inversión, al menos puedan evaluarlo», asegura Kind a 3Días.
Para ponerlo en números, el costo de instalación de un equipo para generar electricidad en un hogar tipo ronda los u$s 3000 o 4000, con una inversión que se recuperar en unos siete años.
«Para lo que sigue en relación a la Ley de generación distribuida, está muy definido el curso de acción; lo que hay que hacer es muy concreto y no hay chance de que esto se frene», agregan fuentes del área.
A mitad de camino
A lo largo del año 2018, tras la sanción de la Ley de generación distribuida y la expectativa que comenzó a forjar su implementación, diversos sectores comerciales e industriales, productores agropecuarios de todo el interior, comercios de grandes ciudades y el sector rural mostraron gran interés por utilizar sistemas de energías renovables. En el contexto que el Gobierno nacional planteaba a principios de ese año con una endurecida postura de reducción de subsidios a la energía, aparecía la energía limpia como una solución a dos problemas: el aumento del costo de la tarifa y el abastecimiento en forma independiente.
«La devaluación volvió a poner las tarifas a mitad de camino en términos de sinceramiento con respecto a los costos reales. Cuando se terminen de sincerar las tarifas, las renovables van a ser una opción para bajar precios significativamente», describe Álvarez.
En ese sentido, uno de los principales referentes del Departamento de Energía Solar de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Julio Durán, señala que lo que más complica el panorama de los potenciales proyectos de generación distribuida son los subsidios.
«No se sabe si se va a pagar por la energía renovable un precio mayorista muy bajo comparado con el costo de generación, lo que inevitablemente va a alargar mucho los tiempos de amortización y de recupero de la inversión. Cuando se subsidia, se aplica a la generación con fósiles; al que genere a partir de fuentes renovables le van a pagar mucho menos porque le va a faltar el subsidio», opina en diálogo con 3Días. «En la Ley, entre los incentivos posibles se incluyó la aplicación de una tarifa diferencial, pero desde la Secretaría ya se anticipó que no tienen intención de implementarlo», añade.
Durán también es director de Iresud, un convenio asociativo público-privado entre la CNEA, la Universidad Nacional de San Martín (USAM) y cinco empresas privadas, que con el fin de promover el uso de energía solar conectada a la red eléctrica distribuida llevó adelante entre 2011 y 2016 dos proyectos que hoy sirven de antecedente para la aplicación de sistemas de generación distribuida.
«Una parte importante de la discusión apunta a que la Ley nacional define que se va a utilizar un único medidor bidireccional, lo que indica que en los momentos en los cuales lo que se genera se consume dentro de la vivienda o el comercio, esa información no la tiene la distribuidora porque esa energía no sale de la casa o de la edificación. Solo se podrá medir el excedente. Esto es un problema para la distribuidora; pongamos un caso extremo en el que muchos vecinos generan su propia energía y si no inyectan nada lo que va a ocurrir es que la distribuidora va a facturar mucho menos. La Ley plantea un modelo de facturación neta, es decir, que la distribuidora va a comprar a precio mayorista solo lo inyectado, no el total de lo generado. La discusión termina siendo económica y no técnica», puntualiza Durán.
Al respecto, en la Secretaría de Energía confirman que solo se medirá la inyección y la demanda de la red a los efectos de la facturación, que si bien existen otros esquemas implementan más mediciones, fueron descartados porque esa información adicional no es de utilidad y obliga al usuario a instalar más medidores. «Esto no afecta a las distribuidoras porque lo que cobran se calcula en base a la inversión y el mantenimiento de la infraestructura. Lo que pagará por los excedentes al usuario generador se reconocerá al mismo precio de lo que paga en el mercado mayorista cuando compra energía», señalan.
Como antecedente, están vigentes leyes provinciales con marco regulatorio, como es el caso de Santa Fe, Mendoza y Salta, entre otras. «En esos casos, vemos un crecimiento sostenido porque tienen una tarifa de incentivo y los usuarios no solo lo aplican porque valoran la descentralización sino porque les conviene. Y lo ideal es que pase eso, que el Gobierno nacional traslade en formato de incentivo lo que se ahorra en fósiles a través de la Ley», aspira Álvarez.
Barreras
La adopción de las energías renovables no solo es tecnológicamente posible actualmente; es más que nada conveniente porque además de favorecer al medio ambiente y provenir de una fuente inagotable, reducen la salida de divisas por compra de combustibles fósiles, generan más impuestos locales por unidad de energía generada lo que implica un mayor impacto positivo para las economías regionales y diversifican y hacen más segura la matriz energética del país.
«La sustentabilidad ambiental, en los hechos, no fue ni es ventaja suficiente para darles prioridad frente a otras fuentes de energía; es por eso que hoy tenemos que aprovechar este momento singular en toda su dimensión, no solo para aumentar la potencia eléctrica renovable instalada de gran escala, sino para ayudar al desarrollo de la industria nacional y para crear incentivos que estimulen la adopción de energía distribuida», señala Álvarez.
No obstante, según advierte, la Argentina entra tarde al mundo de las renovables, de hecho es el último país latinoamericano que avanza en el desarrollo de estas fuentes. «Si bien hay algunos antecedentes en materia legislativa que buscaron estimular su desarrollo, se quedaron en lo declarativo», sentencia el titular de CADER y agrega que fue a partir de la activación de dos leyes que comenzó a modificarse el escenario de acción para las energías alternativas.
Una de esas iniciativas fue el decreto que reglamentó en 2016 la Ley 27.191 de fomento para el uso de fuentes renovables para la generación, que supone la incorporación de 10.000 MW de energías alternativas a las de origen fósil a la red eléctrica para el 2025, con lo que se alcanzaría a completar un 20% de la matriz energética del país; y la otra fue la sanción de la Ley 27.424 de generación distribuida en 2017, que también motoriza el segmento de este tipo de energías pero desde el punto de vista de la distribución y para la que se publicó en diciembre la resolución 314 que acompaña la reglamentación.
«Las dos normas son herramientas perfectibles pero lo suficientemente buenas para impulsar el mercado, de hecho la primera ya lo está haciendo y la segunda, confiamos en que lo va a hacer. Las barreras a remover ahora son de financiamiento y de implementación», indica Álvarez.
Si bien la reactivación del segmento estos últimos dos años fue muy grande, todavía muchos de los proyectos están en construcción y aún no generan energía, y es por eso que no se logró cerrar el año 2018 con un 8% del consumo de los grandes usuarios provisto por energías alternativas, tal como estaba previsto en la Ley de fomento.
«En términos reales, me refiero a la energía generada, no llegamos al 3%, pero en términos de potencia contratada, cumplimos con la Ley. Sucede que se dilató bastante la construcción de los parques eólicos y solares con los vaivenes macroeconómicos que tuvimos; se encarecieron algunos financiamientos y otros directamente se cayeron», evalúa el presidente de la entidad.
«Estamos en el camino hacia la transformación, pero tenemos algunos limitantes como la tasa de interés a la que accede el país hoy. Esa es la principal barrera, porque el financiamiento es muy caro para la Argentina y se trata de proyectos de capital intensivo», concluye.
El problema de la distribución
En el marco de la Ley 27.191 de fomento para el uso de fuentes renovables para la generación, entre el Programa RenovAr y la Resolución 202 fueron adjudicados 157 proyectos de generación de energía renovable desde 2016. En total, representan 4.931,488 MW de potencia a instalar.
A los proyectos mencionados se suman otros 41 con prioridad de despacho asignada en el Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), que es la alternativa para los grandes usuarios que quieren cubrir su cuota de energía renovable por medio de contratos privados. Así, alcanzan 197 las propuestas de inversión, y representan 5.941,068 MW de potencia, que deben construirse en un lapso relativamente corto de tiempo.
No obstante, se presentó un cuello de botella en la previa de la apertura de la última ronda del Programa RenovAr, que se llevó a cabo a fin de 2018: las redes de transmisión están casi saturadas y no hay tanta capacidad de despacho disponible como había para permitir los emprendimientos de envergadura que se contrataron en las primeras licitaciones. En efecto, desde el Gobierno nacional se estimó que para transportar la nueva generación de energías renovables se requerirán ampliaciones de capacidad por un total de 5800 MW.
«Para las primeras licitaciones, el Estado nacional no necesitó realizar inversiones en infraestructura para que se puedan llevar a cabo, con lo que había alcanzaba. Pero el escenario cambió», advierte Álvarez, al tiempo que señala que «esta falta de planificación puede ser vista como una oportunidad para el desarrollo de proyectos más chicos que apunten al abastecimiento regional», lo que se complementa con la generación distribuida a nivel domiciliario, comercial e industrial.
Fuente: Sabrina Pont– EL CRONISTA
